Diosman Bobadilla: El error del proceso bolivariano es que ha partido del voluntarismo

El candidato por el Circuito 1 de La Guaira por la Alternativa Popular Revolucionaria explica por qué la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la tortura no fueron incluidos expresamente en la agenda parlamentaria de la APR. Pidió equidad en la campaña y denunció peculado de uso por parte de sus otrora aliados del Gran Polo Patriótico.

Diosman Bobadilla es dirigente de la corriente del desmembrado PPT que encabeza Rafael Uzcátegui, quien junto con Oscar Figuera del PCV y una docena de partidos y movimiento sociales, disidentes del Gran Polo Patriótico, integraron la Alternativa Popular Revolucionaria. Bobadilla es candidato de la APR por el Circuito 1 de La Guaira.

Bobadilla atendió este viernes vía telefónica a Crónica.Uno para explicar a nuestros lectores el alcance de las propuestas de la APR de cara al próximo 6-D.

A su juicio, la importancia de participar en la convocatoria del 6 de diciembre para votar por nuevos diputados a la Asamblea Nacional radica en que ese será un mecanismo “para interpelar a quien dirige el gobierno”.

Esa interpelación, dice, luce más viable que en 2015 cuando se midieron la oposición y el madurismo porque “ahora que existe una opción que no es gobierno ni oposición de derecha, sino una opción por la izquierda, revolucionaria e incluso chavista”.

Bobadilla, que el pasado 16 de septiembre fue detenido durante poco más de una hora por hacer un mural con un mensaje político en una calle de Macuto, considera que la campaña no ha sido equitativa y que los adversarios de la APR (el Gran Polo Patriótico y en particular el PSUV) han incurrido en el delito de peculado: “Hemos denunciado peculado de uso de parte del gobierno. Vemos cómo se usa el dinero del Estado para la propaganda de manera grosera”.

­La denuncia de peculado contra el PSUV no es nueva. Las ONG que se encargan de monitorear las elecciones lo han documentado año tras año. Los medios de comunicación lo hemos documentado también. Los partidos de oposición lo han denunciado públicamente. ¿Los dirigentes de la corriente que dirige Uzcátegui no se habían percatado de ese peculado en los últimos años cuando integraban el GPP?

–Lo que hay que resaltar es que son contextos distintos. No es lo mismo hacer campaña cuando hay recursos a que lo hagas cuando estamos en crisis.

El peculado de uso no tiene que ver con si las arcas del Estado están llenas o vacías. Es un delito que está previsto en la ley. ¿Por qué no lo habían denunciado en los años anteriores?

–No es lo mismo hacer campaña ahorita con un país en quiebra, a que hagas campaña en bonanza. Uno siempre lo puede criticar, claro pero ahorita mucho más.

Esta semana la APR presentó sus 12 propuestas para la Asamblea Nacional ¿Por qué no incluyeron en la agenda la defensa de los derechos humanos? Sobre todo en un país donde solo este año hemos conocido al menos tres informes que reportan torturas, violaciones masivas de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones, etcétera.

Pero mi pregunta es por qué la APR no incluyó en su agenda un compromiso para defender los derechos humanos y levantar la voz, por ejemplo contra la tortura, en Venezuela.

–Nosotros repudiamos la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ese documento tiene posiciones y conclusiones que no son así en comparación con otros países como Chile o Colombia donde están asesinando a campesinos y líderes sociales.

­–En nuestra propuesta incluimos un punto sobre la criminalización de las luchas populares. En discusiones con las organizaciones de trabajadores y campesinos hemos determinado que ha habido un retroceso, respecto a los logros del presidente Chávez, en materia de los derechos de los campesinos y los beneficios laborales. Incluso en la construcción del poder popular. Ahí hemos visto una burocratización de los procesos que no permiten al poder popular avanzar. Entonces, no tenemos un punto referente a los derechos humanos como tal, pero sí un repudio a la falta de debido proceso. Repudiamos la coacción contra las protestas populares de campesinos y trabajadores.

–Ustedes también prometen impulsar leyes para combatir la especulación y la usura, pero ya hay leyes e instituciones orientadas a esa tarea como la Sundde. Entonces ¿cuáles leyes estarían proponiendo en esta materia?

–Una de las cosas que hay que resaltar es que vivimos en un Estado burgués que no ha sido derrumbado del todo y que sigue beneficiando a los poderosos y al capital. Más allá de los avances del presidente Chávez respecto al tema de la usura, es evidente que el capitalismo no se puede regular y que por más reformas que se apliquen, es un monstruo que va a estar mutando. Hay una serie de leyes que queremos retomar y fortalecer la gestión pública frente al control y seguimiento del consumidor. Hay que fortalecer la Sundde. El gobierno ha aplicado la política de la mano invisible de Adam Smith, firmando acuerdos con los empresarios que lo que implican es una liberación de precios y no estamos de acuerdo. Otra de las leyes que impulsaríamos es la Ley Anticorrupción. Planteamos acciones más contundentes respecto al sistema tributario: tiene que pagar más impuestos el que tiene más capital, no todos por igual.

En julio de 2019, la constituyente aprobó una norma que impuso el pago de impuestos a los grandes patrimonios…

–Sí, pero esa ley no se ha aplicado.

Una de las 12 propuestas parlamentarias de la APR se refiere a la entrega de tierras cultivables a familias campesinas con apoyo técnico y financiero, ¿qué les hace pensar que ese plan ahora si podría funcionar? Más de 70 % de las tierras expropiadas durante el mandato de Chávez, cuyos nuevos titulares recibieron financiamiento, créditos y apoyo técnico están hoy improductivas.

–Hemos advertido que el campesino no se puede improvisar. El error del proceso bolivariano es que ha partido del voluntarismo, de la idea de que todos tienen que sembrar. Y no es así. La agricultura es un área que requiere de personas especializadas, que conozcan sus procesos. En la APR creemos en la producción agrícola campesina, pero se requiere un proceso técnico. Respecto a los créditos pasa lo mismo: muchos créditos fueron entregados a organizaciones que no conocían a fondo el proceso productivo. Si bien había voluntad, no había el conocimiento. Pero también hay que decir que se dieron experiencias exitosas como la de la comuna El Maizal en el municipio Simón Planas del estado Lara. Una comuna productiva que satisface las necesidades de ese sector. También hay experiencias positivas en Mérida, Barinas y parte de Apure con el Eje Socialista Campesino que recibieron financiamiento y hoy producen alimentos. Nosotros en la AN apoyaríamos propuestas como la del compañero Carlos Lanz –que está desaparecido– denominada “Manos a la siembra”, que promueve la agricultura desde la escuela. También apoyaríamos el “Plan nacional de agricultura sustentable” promovida por el Movimiento Moraica.

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El candidato por el C1 de La Guaira considera que el impulso a la producción agrícola requiere conocimiento, apoyo y formación. Foto cortesía @DiosmanB

Un elemento que llama la atención de la agenda de la APR es que consideran necesario que la AN “ejerza su papel fiscalizador de la administración pública y de los capitalistas”. Pero constitucionalmente, la función de la AN es fiscalizar al Estado, no al sector privado. Eso le corresponde al Ejecutivo y a los tribunales. ¿Ustedes proponen modificar y ampliar las funciones de la AN en esa materia?

­–No. Proponemos profundizar sus competencias. Mira, la AN elije al contralor, al fiscal general, a la directiva del BCV y tiene la posibilidad de interpelar a esas instituciones y al gobierno. Entonces, fiscalizaríamos al Estado, pero también al privado. ¿Por qué? Porque la primera empresa del Estado, que es Pdvsa es la que provee gran parte de las divisas que entran al país. Parte de esas divisas son entregadas al sector privado por la vía de créditos. Bueno, ahí está la conexión directa del Estado y los privados.

Claro, pero si se cometen delitos con los recursos públicos, no es función de la AN determinarlo, sino de la fiscalía y los tribunales.

­–¿Dónde están los capitales que se han otorgado a los empresarios que no son devueltos? El propio presidente Maduro ha dicho que son más de 60.000 millones de dólares que hay en cuentas privadas en el exterior. En 2018, en la Feria Venezuela Potencia el Estado le otorgó créditos al sector privado y hasta ahora no hemos visto un control respecto a eso, un aumento de la producción, nada. Impulsaríamos eso, que la AN le exija al Estado la rendición de cuentas y partiendo de ahí se abriría un proceso judicial. Demandaríamos al Estado saber dónde están las divisas, pero también abriríamos el proceso contra los empresarios corruptos y velaríamos porque se cumpla la ley contra la corrupción.

La oposición junto con un grupo de profesionales especializados desarrolló un proyecto de recuperación nacional que se llama Plan País. Ese plan incluye un esquema detallado para poner a funcionar nuevamente los servicios públicos. En la agenda de la APR hay un punto dedicado también a este problema. ¿Cuentan con un plan de acción concreto o por ahora es solo una oferta electoral?

–No tenemos un documento como ese que mencionas de la oposición, pero sí contamos, como coalición, con varias propuestas. En la APR tenemos a trabajadores de Corpoelec que han elaborado propuestas puntuales para recuperar maquinarias para la generación de energía. Lo mismo para el área de infraestructura. Pero siempre manteniendo con firmeza que esas empresas de servicios públicos deben continuar en manos del Estado porque entendemos los servicios públicos como servicios estratégicos. No es posible reactivar la producción nacional en cualquier campo sin electricidad o agua, entonces esos servicios tienen que seguir en manos del Estado. Y planteamos además que no deben ser vistos únicamente como servicios, sino como derechos humanos. Por ejemplo, ahorita en pandemia se necesita dar clases a distancia, entonces Cantv tiene que ser gratis y funcionar de manera óptima; la electricidad también. Por eso una de nuestras propuestas será incorporar los servicios públicos como elemento estratégico y derecho humano.

¿Puede explicar en detalle cómo es la propuesta de los servicios públicos gratuitos que acaba de mencionar?

–Hay una discusión y un discurso 

que se lo hemos escuchado a figuras como el gobernador de Carabobo, que es un discurso neoliberal, que dice que el Estado no ha podido resolver el tema de los servicios públicos y apuntan a la privatización. Estamos en contra porque la privatización incrementaría su costo. En los últimos meses hemos visto como se han multiplicado las ventas privadas de agua potable. Aquí en Vargas hay ventas privadas de gas y es dolarizado. Entonces no planteamos que los servicios sean gratis, sino que planteamos un tema de clases: el que tiene plata que los pague; el trabajador que pague un costo menor. La privatización de la Cantv durante el gobierno de CAP no funcionó. Su nacionalización por parte del presidente Chávez masificó el servicio a todo el país, a todos los estratos.

Pero hoy Cantv, que es casi gratis, no funciona, no hay Internet estable o de calidad casi en ninguna parte y el que hay es de los peores de la región.

–Claro. Estamos claros en que hoy los servicios públicos están por el suelo. Pero no se puede decir que sea por ausencia de inversión. De 2008 a 2013 se invirtieron 15.000 millones de dólares anuales en Corpoelec y la mala gestión de los recursos evidenció que no es un tema de inversión, sino de cómo los manejamos para reimpulsar el servicio.

¿Qué llamado le hace a los votantes del circuito 1 de La Guaira?

–Los convocamos al voto. Hoy hay una opción distinta al gobierno y a la oposición de derecha. Una opción por la izquierda que apoya el plan de la patria de Chávez.

alternativa popular revolucionaria
Bobadilla fue detenido por la Policía de La Guaira en septiembre cuando pintaba un mural con un mensaje político. Foto cortesía Diosman Bobadilla

Diosman Bobadilla es candidato nominal por el Circuito 1 de La Guaira, nació en Caracas, tiene 38 años de edad, es soltero y no tiene hijos. En cuando a su formación académica y profesional es licenciado en Gestión Social para el Desarrollo Local de la Universidad Bolivariana de Venezuela (donde fue vocero estudiantil), con estudios en Políticas Sociales Urbanas en la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires. En 2018 fue candidato a concejal, pero no resultó electo. Además, fue director de Investigación del Instituto de Artes e Imagen.

Fuente: Cronica.uno

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