Públicos, de calidad y para todos: los servicios no pueden ser un privilegio

La situación de los servicios públicos en el país es deplorable, al respecto se pueden dar muchas explicaciones (o excusas), pero lo que no se puede hacer es negar la realidad. Para los defensores y justificadores de oficio del gobierno, el deterioro de los servicios se ha debido al bloqueo impuesto por el imperialismo, a sabotajes, o a causas naturales, todo sirve con tal de no reconocer que, aunado a esto, también ha habido una gestión ineficiente y plagada de corrupción.

En la mayoría de los casos, los trabajadores han dado señales tempranas de alerta. Han denunciado el desvío de fondos públicos destinados a las empresas de servicios, la sobrefacturación y la falta de mantenimiento, pero la burocracia, cuando no se ha hecho de oídos sordos ante las denuncias, ha perseguido incluso a los denunciantes y protegido a los responsables.

En un próximo trabajo de mayor extensión, abordaré el problema de los servicios públicos en Venezuela desde una perspectiva histórica, esto con el fin de dar con las razones estructurales que al no haber sido atendidas nos han traído hasta la situación actual. Por ahora, sólo abordaré las causas más superficiales, las principales consecuencias, e introduciré el debate sobre la calidad de lo público y los intentos de privatización que están, como diría el compañero Walter Martínez, ¡en pleno desarrollo!

¡Llegó la luz!

Que frase más feliz para los habitantes del interior del país: ¡llegó la luz! De no ser por el gran apagón nacional de marzo del año pasado, muchos capitalinos no se habrían enterado de la situación de los habitantes del interior, que ya antes de ese hecho, venían sufriendo extensos y recurrentes cortes de luz. El gran apagón nacional fue un hecho igualador, por algunas semanas, todos vivimos en la obscuridad. Sin embargo, aunque se nos diga que ya el gran apagó fue superado, la realidad es que muchos estados del país siguen padeciendo sus consecuencias. En algunas zonas, incluso no se habla de apagones, sino de “alumbrones”, porque es más el tiempo que viven sin servicio eléctrico que con este.

Antes del apagón, las razones que daba el gobierno para justificar el estado del servicio, tenían que ver con hechos naturales: el bajo nivel del Guri por sequías extensas, animales que se travesaban entre las líneas generando problemas de distribución, entre otros. Sin embargo, después de la autoproclamación de Guaidó, las razones del gobierno han tenido que ver más con sabotajes realizados desde los EEUU. Sin desestimar ninguna de estas razones, todas dentro del marco de la posibilidad, hay que agregar que las empresas de servicios han estado durante años en manos de una burocracia (civil y militar) que ha demostrado ser ineficiente y corrupta.

El gobierno, ha optado por una gestión antidemocrática de la situación, atrincherándose en Caracas y manteniendo un fuerte “racionamiento” en el interior del país. Ha convertido en un privilegio geográfico el acceso a la electricidad. Esta situación ha generado incluso una “migración” interna, de personas que vienen a Caracas desde estados como el Zulia (uno de los que sufre cortes de luz más fuertes). Cualquier situación a este problema es compleja, pero parte por sanear las instituciones los corrutos que la tienen en sus manos, algo que sólo será posible con la participación de los trabajadores.

“El vital líquido”

El acceso al agua sí que ha sido un problema conocido por los caraqueños. Sin negar que este problema también ha afectado a muchos estados del país, en Caracas el problema ha llegado a ser crónico. Escuelas, universidades, hospitales e incluso ministerios, han visto afectados su funcionamiento por la falta de agua. En el interior, o en zonas de la capital donde se pueden instalar tanques, esta ha sido una posible solución; pero para un buen número de personas que viven en apartamentos con espacios reducidos, instalar tanques de baja capacidad o almacenar agua en tobos sigue siendo insuficiente.

El problema con el abastecimiento del agua tiene múltiples causas: por un lado, está la falta de mantenimiento de los embalses (en los que se acumulan sedimentos que reducen su capacidad de almacenamiento), y de los equipos y ductos que trasportan el líquido. En Caracas, por ejemplo, es común ver formarse en las calles ríos artificiales por causa de tuberías rotas, mientras en otras zonas pueden pasar semanas sin tener acceso al agua. Por otro lado, está el negocio de los camiones cisternas que surten a altos costos sectores populares y de clase media, y de la construcción de pozos (ilegales) en los sectores de clase alta.

Gas y Gasolina

Venezuela es una de las principales reservas de petróleo y gas del mundo, y, sin embargo, sufre escasez de gasolina y de gas doméstico. Al igual que con la electricidad, el gobierno señala que esto se debe al bloqueo, y en cierta forma esto es verdad, sobre todo en el caso de la gasolina en el que se deben importar insumos para las refinerías. Sin embargo, esto es solo la mitad del problema, pues aquí también encontramos una gestión deficiente y multimillonarios casos de corrupción.

Históricamente, la burocracia de turno y el sector privado han hecho grandes negocios y se han enriquecido (ilícitamente o no) con la renta petrolera. Ahora que la industria ha colapsado, y con ello la producción, la burocracia y sus aliados privados han optado por obtener sus ganancias metiéndole la mano en los bolsillos a los trabajadores y pequeños productores. El cobro de la gasolina en dólares, o la privatización de la distribución del gas doméstico (caso Gas Drácula), son ahora un dolor de cabeza para la gente de a pie, y evidencian el funcionamiento del Estado burgués.

Campesinos en varias partes del país han tomado cartas en el asunto, ocupando estaciones de servicio y denunciando la corrupción de los uniformados, mientras que en los barrios las protestas por el gas siguen aumentando. Por su parte, los trabajadores petroleros organizados han demostrados que pueden echar a andar una refinería paralizada por la burocracia. Ahora, toca organizarse para tomar bajo control obrero la industria y echar de ella a los corruptos.

Salud

Como ha señalado en varias oportunidades Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT, el Covid-19 ha evidenciado que la salud no puede estar en manos privadas, dándole la razón a la izquierda. En Venezuela, el sistema público de salud ha sufrido por años de desinversión como producto de políticas de trasferencia de la renta petrolera al sector privado. Esta política, consiste en desviar “legalmente” los fondos que deberían destinarse a los hospitales públicos a las empresas aseguradoras y clínicas privadas a través de los HCM. Esto, representa en la práctica una privatización del sistema sanitario, dejando cubiertos solamente a sectores privilegiados de la población.

Durante el gobierno de Chávez, se intentó corregir esta desigualdad creando un sistema paralelo de salud con la misión Barrio Adentro y la construcción de los CDI, que tenían el fin de atender a la población que no contaba con seguros. Sin embargo, esto representaba un enorme gasto, pues se financiaban los dos sistemas: el púbico (Barrio Adentro) y el privado (los HCM). Este gasto sólo podía sufragarse a través de los ingresos petroleros, y con la caída de la producción y de los precios del petróleo, ambos sistemas colapsaron: los seguros dejaron de cubrir a los trabajadores y el sistema público sufre el acumulado de años de desinversión (y casualidad: también de corrupción).

Transporte “público”

Hay que sincerar las cosas, en Venezuela los únicos sistemas de transporte realmente públicos son los trenes y Metros. Los autobuses, prestan un servicio público, pero el sistema es privado y funciona mediante la concesión de rutas a empresas o “cooperativas” privadas. Que la mayoría del transporte esté en manos privadas, y se rija por el interés privado, implica que las rutas menos concurridas sean abandonadas o se cobren altísimas sumas de dinero, así mismo, la calidad del servicio es pobre y las unidades son descuidadas. Los dueños, mantienen los vehículos a penas operativos, pero no invierten en el confort de los usuarios, y prefieren un autobús lleno hasta el tope que invertir en aumentar su flota.

Los que debido al deterioro del sistema Metro han señalado que convendría privatizarlo, deberían tener en cuenta lo anterior, pues el sistema superficial estando en manos privadas no es ejemplo de confort o eficiencia. En Venezuela, lo que verdaderamente hace falta es un sistema público de transporte superficial, y la ampliación de los sistemas de trenes. Bajo empresas estatales controladas por sus trabajadores (para evitar la corrupción existente), y con la construcción democrática de rutas por parte de los comités de usuarios y las comunas, el nuevo sistema deberá garantizar un servicio público y de calidad, con costos que sirvan para cubrir un salario digno a los trabajadores y realizar el mantenimiento y reposición de las flotas.

Educación e Internet

El sistema educativo, al igual que el sistema público de salud, ha sufrido en los últimos años un éxodo de profesionales debido a los bajos salarios del sector. Las reciente protestas dejan en evidencia esto, y cada vez son más los niños y jóvenes que terminan su formación sin haber cursado alguna asignatura. En las universidades, la situación de las providencias estudiantiles (comedores, transporte, dotación de bibliotecas, servicios médicos y becas dignas) también ha generado un éxodo de estudiantes, sobre todo de aquellos que no pueden costear todos estos gastos en medio de la crisis.

Durante la cuarentena, el gobierno ha instruido a que las clases (por lo menos de nivel básico y medio) se dicten de forma virtual con el fin de lograr culminar este año escolar. Sin embargo, esta medida ha dejado en evidencia otro problema, el del acceso a servicios de internet para todos.

La educación a distancia sin internet es un absurdo, y a diferencia del trabajo de masificación del acceso a la red que se hizo durante el gobierno de Chávez, el deterioro de la misma tras su fallecimiento ha sido una constante. Aquí han operado varias causas, una de ellas es la corrupción la gestión ineficiente (denunciada por los trabajadores), pero también el robo de material estratégico de las centrales de comunicación. Los problemas del servicio y los bajos salarios de los trabajadores, han sido además una mala mezcla, por lo que algunos técnicos han optado por cobrar en dólares un servicio que debería ser gratuito.

Lo público y lo bueno

Tras el deterioro de los servicios (en muchos casos producto de la corrupción), se ha venido imponiendo en la mentalidad de muchos que lo publico es sinónimo de malo, de baja calidad. La burocracia, que quebró muchas de estas empresas y que es responsable directa de la situación actual, es además una de las beneficiarias del nuevo “sentido común”. Burócratas que han devenido en empresarios, ahora son socios de las compañías que gestionan de forma privada los servicios públicos.

El gobierno todavía no habla frontalmente de privatizaciones, algo que fue duramente criticado por Chávez, hablan de alianzas estratégicas o de la gestión privada de empresas públicas. Lacava, el gobernador del estado Carabobo, es uno de los principales impulsores de estas privatizaciones encubiertas, fue éste el que propuso que la distribución y cobro de la energía eléctrica fuese gestionada por empresas privadas, y fue este quién puso también en manos privadas la distribución del gas (Gas Drácula). Como señalamos en el caso del trasporte, la gestión privada conlleva consigo un trato desigual de los usuarios dependiendo de su capacidad de pago, por lo que el derecho al acceso a un determinado servicio se vuelve un privilegio.

El tendido eléctrico, la instalación de centrales telefónicas, el desarrollo de ductos para el transporte de agua a las comunidades, la construcción de escuelas y hospitales o las rutas de distribución de gas, no deberán depender del estatus socio-económico de los habitantes de una determinada zona, sino de la necesidad de esas personas. Pero el sector privado no sabe de necesidad, sabe de ganancias.

En cuanto a la calidad, es sobre todo a través del sistema de salud que se nos ha inculcado que lo privado funciona: si no tienes una buena póliza, entonces no tienes acceso a la salud; pero ¿acaso una póliza que nadie puede pagar, o que se agota con una gripe, se puede llamar de “calidad”? La realidad es que hoy poca gente está verdaderamente cubierta, y que al presentarse una emergencia real los seguros hacen lo imposible para no hacerse cargo de los gastos, mientras que las clínicas hacen lo posible por sacar “raspar” el seguro lo más rápido posible. Eso no es calidad, es un robo.

Lo público y lo bueno no deben ser cosas contradictorias, pero para ello, es necesario que los recursos y las ganancias de esas empresas se dirijan a donde deben: al mantenimiento y reposición de insumos y equipos, y a los salarios de los trabajadores. Para que esto suceda, lo mejor no es la gestión privada (que se queda con los beneficios), o la gestión burocrática (que se roba los beneficios), sino el control democrático y transparente por parte de los trabajadores. Solo éstos pueden garantizar que los servicios no sean el privilegio de unos pocos.

¡Únete a la lucha por servicios públicos, de calidad y para todos!

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