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En entrevista exclusiva para LaIguana.TV, la diputada Ilenia Medina, secretaria nacional de Organización del partido Patria Para Todos, solicitó al fiscal general, Tarek William Saab, que designe un fiscal para tramitar la solicitud que hizo este partido de iniciar un proceso judicial contra los dirigentes opositores que andan por el mundo solicitando sanciones que han causado graves perjuicios al pueblo de Venezuela.

Asimismo, el PPT (partido de la coalición que respalda la aspiración del presidente Nicolás Maduro de ser reelecto) propone que la Asamblea Nacional Constituyente modifique los artículos relativos a la nacionalidad venezolana, de manera que sea posible revocársela a personas que hayan incurrido en delitos de lesa patria.

A continuación, una versión del diálogo que Medina sostuvo con el periodista Clodovaldo Hernández:

-El PPT planteó enjuiciar a Julio Borges y otros parlamentarios que han solicitado sanciones contra el gobierno venezolano e, indirectamente, contra el pueblo de Venezuela. ¿En qué se basa jurídicamente esta solicitud?

-De acuerdo a la doctrina constitucional, la jurisprudencia e, inclusive, los acuerdos internacionales y las decisiones arbitrales, uno de los delitos más gravosos es traición a la patria. En nuestros 20 años de existencia, en PPT hemos sido muy rigurosos en la actuación política. No descalificamos, sino que hacemos un planteamiento y mostramos pruebas. Cuando hacemos críticas, presentamos los elementos que consideramos pueden ayudar a resolver la situación. Somos un partido serio, que nació del pensamiento de Alfredo Maneiro e intentamos ser consecuentes. Decidimos hacer este planteamiento judicialmente contra estos ciudadanos venezolanos de origen, de nacimiento, que han actuado públicamente contra la República. Otros, incluso en la Asamblea Nacional Constituyente, lo han planteado como un debate político, pero nosotros dimos el paso de judicializarlo. Consideramos que compete a cualquier venezolano actuar en defensa de la República. Es un derecho, pero también es un deber, según el artículo 130 de la Constitución. Deber es una palabra que no está casi en el léxico del venezolano: nuestras responsabilidades como ciudadanos. Nosotros decidimos asumirla, a sabiendas de cualquier costo político que pudiera haber. Lo hicimos porque consideramos que por primera vez en la historia nacional, en 207 años de fundada la nación, un grupo de ciudadanos asumieron la tarea de atentar contra la paz de la República, contra la soberanía, contra la independencia y contra lo que es más sagrado en un grupo humano: la patria, la nación. Con esas acciones han violentado los derechos humanos de toda la colectividad nacional, de la población. Es lo que Montesquieu, uno de los grandes autores de la doctrina constitucional, califica como el delito más grave. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia nacional y, además, está agravado por el hecho de que esos ciudadanos venezolanos tienen una responsabilidad  pública, son diputados, de un órgano del Poder Público Nacional.

-Estas personas y sus partidarios, opinan que esa situación sí puede compararse con otras que se han presentado en la historia venezolana, como la lucha armada de los años sesenta o setenta o las insurrecciones militares de 1992. ¿En qué sentido no son comparables?

-En primer lugar hay una diferencia fundamental: el factor de la izquierda que participó en la guerrilla armada, actuó en defensa del pueblo venezolano, se enfrentó al Estado, contra las Fuerzas Armadas, no contra la República, no pidió a  Estados extranjeros que actuaran contra la soberanía nacional. Pusieron su planteamiento, su idea, su fuerza, su organización y sus vidas, para defender una postura que era, en aquellos momentos, la respuesta a la traición que los grandes partidos (Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática) habían cometido contra el pueblo luego del 23 de enero de 1958. La insurrección de ese mes había sido una demanda popular para cambiar el estado de cosas que había generado la dictadura de Pérez Jiménez. Esas demandas populares fueron abandonadas, y hasta habían sido suspendidas las garantías constitucionales, es decir, los derechos humanos, la libertades fundamentales. Esa fue la razón. Pero, insisto en que se actuó contra las fuerzas militares, no contra la población. El 4F también significó eso. En todo caso, puede calificársele de delito político contra las fuerzas del Estado, pero no contra la población. Es una diferencia diametral.

Medina, quien es diplomática de carrera, señaló que “Julio Borges, Luis Florido, Antonio Ledezma y otros deambulan por el mundo pidiendo sanciones contra Venezuela y han apoyado las posturas de Álvaro Uribe Vélez de pedir que una fuerza militar extranjera intervenga en Venezuela o usar cualquier fuerza mercenaria”.

A su juicio es claro que el Estado venezolano está impedido de formalizar las operaciones financieras normales para cualquier país porque tiene bloqueados todas las cuentas debido a planteamientos que estas personas han hecho. Recordó que en marzo de 2015, cuando Barack Obama decide declarar a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de EEUU”, se produjo una declaración casus belli, una declaración de guerra. “Mientras el pueblo venezolano se sumó a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para suscribir un documento cuestionando ese decreto, las fuerzas  opositoras no quisieron hacerlo. En ese momento, cuando no se suman a la condena del decreto de Obama, y otros, más audaces, hasta lo aplaudieron, ya entran en la calificación del delito de traición a la patria”.

-¿No se corre el riesgo, al proceder judicialmente contra estas personas, de terminar martirizándolos y que la medida surta un efecto contrario?

-La mediática puede hacer lo que sea: convertir a los inocentes en verdugos, como es el caso de Lula, y a los verdugos en víctimas, como Michel Temer. Eso puede suceder, pero nosotros no podemos dejar de cumplir con nuestras leyes porque si tú olvidas las leyes, si las desvalorizas, le estás dando un golpe muy fuerte a la nación, a la República. Cuando ellos persisten en buscar las sanciones, no solo están incurriendo en delitos de lesa patria, sino también en los de lesa humanidad y de genocidio que están cometiendo EEUU, la Unión Europea, Suiza recientemente, y todos los adláteres de la región cuando se suman a esas sanciones. Dos relatores del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que esas sanciones contra Venezuela constituyen delitos de lesa humanidad. Entonces, los opositores tienen delitos de lesa patria, porque han actuado contra la República, pero además han sido cómplices de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben.

Solicitan designar un fiscal


Medina señaló que luego de entregar la solicitud ante el Ministerio Público, han estado a la espera de que se designe un fiscal que se encargue del caso. “Sostenemos que aunque ellos sean diputados, cuando actúan públicamente incurren en flagrancia porque es un hecho público, notorio y comunicacional. Nadie puede dudar de lo que dicen porque ellos mismos lo están declarando. Así que el fiscal puede pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que inicie el proceso contra esas personas, el antejuicio de mérito”.

Indicó que van a solicitarle una cita al fiscal general, Tarek William Saab, para pedirle que agilice la designación del fiscal para el caso.

Propuesta a la ANC


El PPT no considera suficiente que los opositores solicitantes de sanciones puedan ser enjuiciados por traición a la patria. Creen que la Asamblea Nacional Constituyente debería modificar los artículos relativos a la nacionalidad para hacer posible su revocatoria a quienes incurran en delitos de lesa patria.

-La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no admite que los ciudadanos de origen se les extradite a otros países. Es una protección porque se trata de un derecho tutelado. Tampoco admite que se prive de la nacionalidad a los venezolanos de origen. Nosotros consideramos, tomando en cuenta el profundo daño que le han causado a la nación los hechos acontecidos en estos últimos años, que deben revisarse y reformularse estos artículos para que sea posible privar de nacionalidad a los ciudadanos condenados por delitos de lesa patria. El Código Penal establece las sanciones para cada delito, pero creemos que en estos casos es tal la magnitud del daño que debemos ir más allá. Evidentemente nunca había pasado en Venezuela que un grupo de venezolanos se hayan asociado y hayan sido cómplices de factores externos. No es algo teórico, está en la realidad, lo hemos vivido y la doctrina constitucional establece que cuando se tipifica un nuevo delito debe ser porque ha surgido una necesidad social, porque ha ocurrido un profundo daño. Eso es lo que estamos viendo, sufriendo y padeciendo. Hay que colocar sanciones proporcionales al delito. La máxima pena en la legislación venezolana son 30 años, pero no es suficiente por la cantidad de personas que han fallecido, por el sufrimiento físico y psicológico que se ha causado al pueblo venezolano por la actitud irresponsable y canallesca de estas personas.

La dirigente del PPT, quien es integrante de la Asamblea Nacional (“la Asamblea está en desacato, pero yo no”, aclara), diserta jurídicamente acerca del tema de la patria. Explica que es un nexo entre el individuo y el lugar donde nace, que le genera una relación de protección ante la comunidad internacional, pero también trae consigo deberes,  responsabilidades y obligaciones.

-La doctrina de derechos humanos contempla que en determinadas situaciones, graves como esta, una persona puede ser privada de su nacionalidad de origen. Lo dice el Estatuto de los Apátridas y una convención al respecto. En ambos instrumentos se establecen normas para disminuir los casos de apatridia, pero queda claro que esa protección no se aplica a los traidores a la patria, cuando realmente hay causales y cuando el delito está planteado en la normativa interna y constitucional. Incluso, las últimas declaraciones del Consejo de Derechos Humanos ratifican ese principio.

-Seguramente que en los grandes países industrializados, que se presentan como ejemplos de democracia, existen normas como esa…

-En América Latina todas las constituciones tienen establecidos, de una u otra manera, los delitos de traición a la patria. Privar de la nacionalidad por esos delitos, según las investigaciones de Derecho Comparado que hemos hecho hasta ahora, los tienen en sus legislaciones Argentina y Chile, pero la normativa más avanzada en ese sentido es la de Estados Unidos. También lo tienen los suizos, los alemanes y otros países europeos.

En cuanto a las anteriores legislaciones venezolanas, Medina señaló que en la primera Constitución aprobada luego de la separación de la Gran Colombia (1830), dos prestigiosos juristas, Julio Viso y Simón Planas habían propuesto privar de la nacionalidad a ciudadanos que hubiesen prestados servicios a otra república, en contra de la suya. “Como era Páez quien estaba en la presidencia, no se incorporó esa idea porque él mismo había estado involucrado en la conspiración para dividir a la Gran Colombia. Luego lo sustituyeron por privación de los derechos ciudadanos, es decir, los derechos civiles y políticos. Así ha seguido hasta ahora, pero ha surgido la necesidad de crear esos nuevos castigos porque ha nacido el delito. Los delitos nacen cuando el hecho social ocurre. Entonces, hay que configurar el delito y la sanción”.

-Además de estas personas que ustedes han señalado expresamente, en estos últimos días hemos visto la actuación de unos supuestos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia llamado “en el exilio” y una supuesta fiscal general “en el exilio”, sesionando nada menos que en el Senado de Colombia y acompañados de personajes como Álvaro Uribe. ¿Sería extensiva a estas personas la persecución judicial?

-Evidentemente, porque están actuando contra el modo republicano. Volvemos con Montesquieu, quien planteaba que el amor a la patria era la virtud más importante que podía tener una República. Estas personas han demostrado que no tienen ninguna relación espiritual con su país. Todos ellos han calificado, de manera pública, notoria y comunicacional, como traidores a la patria. Nadie está inventando nada. La República tiene que actuar ante eso, tiene que ocuparse de que sus instituciones funcionen. Nosotros admitimos que aquí en Venezuela, la oposición tiene todo el derecho a querer ser gobierno, es un derecho humano, tiene todo el derecho a tener diferencias profundas políticas con el gobierno. Pero violentar la paz y hacer sufrir al pueblo no es algo que pueda aceptarse.

Clodovaldo Hernández / Twitter: @clodoher

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