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El reconocimiento del  derecho de las mujeres venezolanas a la paridad política y a la alternabilidad en las postulaciones a los cargos de representación popular es una bandera  importante que actualmente tenemos las mujeres para alcanzar la profundización democrática del proceso bolivariano. La participación igualitaria de mujeres y hombres en las propuestas electorales debe determinarse en un 50% para cada uno de manera paritaria. El principio de alternabilidad en las listas debe cumplirse de manera que el mecanismo permita la participación de cada hombre y cada mujer y este se exprese de manera equitativa en la ubicación de los puestos en las listas electorales para ocupar los cargos de elección popular logrando que las mujeres venezolanas asuman en los órganos de representación popular la toma de decisiones.

Las razones para combatir esta injusta discriminación contra las mujeres  es por ser contraria al espíritu igualitario de la Revolución Bolivariana y a su carácter democrático y humano, de igual forma consideramos que debe darse un justo reconocimiento a la participación que nuestras mujeres vienen dando al proceso revolucionario y a la construcción del Poder Popular. Somos el 50.3 % de la población según el último Censo realizado por el INE pero no se trata solo de un tema numérico, es un tema político trascendente que se fundamenta en principios democráticos de la representación del pueblo en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones para mujeres y  hombres.

Se pueden esgrimir muchas consideraciones y razones de carácter constitucional y jurídicas  sobre esta materia como la establecida en el artículo 21 numeral 1 de la CRBV, que consagra la no discriminación en razón del sexo, en la Declaración Universal del Hombre en el artículo 2-1, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, articulo 2, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, articulo 2-1 y la Convención Internacional contra toda forma de Discriminación contra la Mujer (1979), Declaración contra la Discriminación contra la Mujer (1976), Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), entre otros tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la Republica.

Derrotar esa vieja cultura androcéntrica, misógina y patriarcal que aún persiste en nuestro proceso bolivariano es un reto y una tarea impostergable para todas y todos, esto permitirá promover la incorporación de  las mujeres venezolanas a los cargos de representación popular y que la actividad política de las féminas no se quede solo en el espacio intermedio entre lo privado y público, es decir, en el trabajo de las organizaciones vecinales, comunales, espacios productivos familiares, que es importante, pero genera otras formas de relaciones de poder que impide materializar el nuevo estado socialista feminista.

Es conveniente que nos preguntemos que sucede con el proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, el cual presenta aspectos importantes para alcanzar esta legítima aspiración  de las mujeres revolucionarias y feministas, el proyecto contempla en su Capítulo VI sobre Derechos Políticos en Igualdad de Condiciones un conjunto de disposiciones que garantizan los principios de igualdad y paridad, tanto para la participación política de las mujeres en general, como en las postulaciones a cargos de dirección de organizaciones sociales, de cuerpos deliberantes en todos los niveles, en los sindicatos y gremios y en los organismos públicos y mixtos. El proyecto contiene también una disposición que se ocupa del tema del acceso a los recursos financieros en igualdad de condiciones que es una de las dificultades principales que afecta la participación política de las mujeres (art. 63). Además exhorta a las empresas privadas a establecer políticas de equidad.

Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, líder del proceso bolivariano comprendió nuestras luchas y se sumó a ellas alcanzado las venezolanas grandes avances y  significativos logros en el reconocimiento de los derechos a la igualdad y a la equidad de género, como la visibilización de las mujeres, el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, el reconocimiento de los derechos laborales y económicos e importantes avances en la creación de condiciones que modifican los roles sexistas tradicionales. El actual proceso demanda que se asegure la participación política y protagónica con paridad total, donde se exprese la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

Gisela Jiménez Aranguren. 

Abogada y Feminista

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