CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE NICOLAS MADUROS DE LAS COMUNAS DEL ESTADO LARA(M10D)

En el marco constitucional establecido en los artículos 5, 51, 132, 62, 70 y el compendio de Leyes del Poder Popular, donde se establece la PARTICIPACION PROTAGONICA DEL PUEBLO para la toma de decisiones en la discusión, debate y elaboración de las políticas públicas, como único espacio de encuentro para satisfacer el bien común. Con un fraternal saludo bolivariano y chavista nos dirigimos a ustedes con la finalidad de presentarles un conjunto de planteamientos y exigencias con respecto a la inclusión de las comunas en el nuevo texto constitucional, basadas en las propuestas formuladas en el 2007 por el Comandante Chávez en el marco del referendum para la reforma constitucional; al funcionamiento de los servicios públicos y a la gestión de los Ministerios de las Comunas y de la Vivienda en el Estado Lara.
 
Todo esto en vinculación directa con el llamado hecho recientemente por el Presidente Nicolás Maduro a su gabinete ministerial, el cual obviamente se hace extensivo a los gobiernos estadales y municipales, en el sentido de darle 15 días de plazo para elaborar un informe contentivo de medidas para rectificar, cambiar y renovar su gestión.
 
1.  El Poder Popular y las Comunas en la Constitución:
 
Considerando que en el Decreto No. 2.830 del 1-5-17 para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros objetivos programáticos, se estableció la Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras entre otras formas de organización de base territorial y social de la población, proponemos la incorporación  al nuevo texto constitucional de los siguientes elementos:
 
1.1  Organización político-territorial de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 16).
 
El territorio nacional se organiza a los fines político-territoriales en comunidades, comunas, corredores, ciudadelas comunales, ciudades comunales, ejes de desarrollo, sub-regiones y regiones.
 
Las comunidades  constituirán el núcleo espacial básico e indivisible del Estado socialista venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia.
 
Las comunas serán las células geohumanas del territorio y estarán conformadas por las comunidades.
 
La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad comunal, entendida ésta como todo asentamiento poblacional dentro del eje de desarrollo sub-regional e integrada por áreas  geográficas denominadas comunas.
 
Las referidas unidades geográficas de planificación y desarrollo tendrán sus correspondientes instancias de autogobierno bajo la forma de consejos con base en las asambleas de ciudadanas y ciudadanos.  Dichos consejos integrarán las dimensiones territorial y sectorial. 
 
1.2  De los Derechos Políticos (Artículo 70).
 
Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, los Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista.
 
1.3  El Poder Popular (Artículo 136).
 
El Poder Popular se distribuye territorialmente de la siguiente forma: Poder Popular Local, Poder Popular Sub-regional, Poder Popular Regional y Poder Popular Nacional.
 
Con relación al contenido de las funciones que ejerce, el Poder Popular se organiza de manera sistémica en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
 
El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.
 
1.4  De la Competencia del Poder Popular Nacional (Artículo 158)
 
El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una democracia socialista.
 
1.5  Del Poder Popular Regional (Artículo 167)
 
El situado constitucional es una partida equivalente a un mínimo del 25 por ciento de los ingresos ordinarios estimados en la Ley de Presupuesto Anual, el cual se distribuirá entre las comunidades, comunas, ciudades comunales, sub-regiones y regiones.
 
1.6  (Artículo 184)
 
El Poder Popular Nacional y el Poder Popular Regional descentralizarán y transferirán a las comunidades, a las comunas y a las ciudades comunales, los servicios que éstos gestionen, promoviendo:
 
1. La transferencia de servicios en materia de vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
 
2. La participación y asunción por parte de las unidades locales de la gestión de las empresas públicas nacionales y/o regionales.
 
3. La participación en los procesos económicos que estimulen las distintas expresiones de la economía social y el desarrollo endógeno sustentable, mediante cooperativas, cajas de ahorro, empresas de propiedad social, colectiva y mixta, mutuales y otras formas asociativas, que permitan la construcción de la economía socialista.
 
4.  La participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas públicas.
 
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquéllas tengan participación.
 
6. La transferencia a las organizaciones comunales de la administración y control de los servicios públicos nacionales y regionales, con fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión pública.
 
7. La participación de las comunidades en actividades de recreación, deporte, esparcimiento, que privilegien actividades de la cultura popular y el folclore nacional.
 
La comunidad organizada tendrá como máxima autoridad la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Poder Popular, la cual en tal virtud designa y revoca a los órganos del Poder Comunal en las comunidades, comunas y  ciudades comunales, como unidades políticas primarias del territorio.
 
El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, articulando e integrando las diversas organizaciones comunales y grupos sociales. Igualmente, asumirá la justicia de paz y la prevención y protección vecinal. 
 
Descartamos la vía de aprobación de las leyes del poder popular como leyes constitucionales ya que esta figura no ha permitido avanzar en la activación de la participación protagónica del pueblos en asuntos de vital interés, por inacción u omisión, tales como la Ley Constitucional de los CLAP, con la figura del fiscal popular, y la Ley Constitucional de Precios Acodados, con la participación de las comunas y las trabajadoras y trabajadores, en las negociaciones de precios acordados.
 
“Sería extremadamente grave terminar este proceso constituyente sin las comunas, sería un fraude a la soberanía nacional.  Las Comunas, una cuestión de orden estructural para la nación, deben trasversalizar todo el texto constitucional.  Hermán Escarrá.
 
2.  Los servicios públicos en el Estado Lara.
 
2.1  Gas:
 
La Gobernación del Estado Lara asumió el servicio del gas en nuestra entidad federal mediante concesión otorgada por PDVSA Gas Comunal.  En este sentido se constituyó la empresa Gas Lara C.A., sin participación de las comunas ni de las trabajadoras y los trabajadores. Con este cambio,  la Gobernadora Almiranta Carmen Meléndez prometió mejorar el suministro del vital hidrocarburo.  Sin embargo el suministro ahora es peor que antes, con el agravante de que ya han aumentado los precios de las bombonas en dos oportunidades.  
 
Las comunidades deben esperar entre 3 y 6 meses para recibir unas bombonas que apenas les duran 2 semanas. Mientras tanto los depósitos realizados ganan intereses en la cuenta de la referida empresa.  Por otra parte las brigadas comunitarias populares deben trabajar en las plantas jornadas de hasta 12 horas para llenar las bombonas que les serán vendidas, lo cual implica un aumento en el costo de las mismas por concepto de transporte y alimentación.  Por el contrario esta obligación laboral no es exigida a los sectores comercio, servicios y residencial de clase media y alta, lo cual representa la segregación y discriminación social-territorial en la prestación del servicio.
 
Ante tal falla en el suministro, las familias populares se ven obligadas a cocinar con leña, lo cual repercute en la salud comunitaria y en la deforestación de zonas boscosas.  Otras cancelan las bombonas a precios especulativos, incluso en dólares.  Mientras en las plantas imponen un cronograma de máxima demora las mafias ofrecen de manera irregular el gas que no llega por los canales regulares a las comunidades.
 
Por otra parte, los camiones correspondientes a las comunas Ataroa, Loma de León y Río Cenizo que vienen de una u otra planta de la empresa dicen que no les corresponde las bombonas de Servigas o de Vengas, como si no formaran parte de la misma empresa, agudizando así aún más el mal servicio a las comunidades.
 
Con la privatización de este servicio por parte de la Gobernación ahora el gas demora más y es más caro.  O sea, resultó peor el remedio que la enfermedad.
 
Frente a esta situación exigimos:
 
Eliminar la concesión a Gas Lara C.A. y entregarla a una nueva empresa de propiedad social indirecta comunal conformada por PDVSA Gas Comunal, las comunas, las trabajadoras y los trabajadores.  Esta empresa articularía con las Empresas de Propiedad Social Directas Comunales de distribución existentes y las que sean creadas.
 
Garantizar el suministro suficiente y oportuno del gas según las necesidades de las comunidades-
 
Eliminar las prácticas de segregación y discriminación social-territorial en cuanto a la exigencia de brigadas para el llenado de bombonas a las comunidades populares.
 
Instalar nuevas plantas de llenado y aumentar los turnos de trabajo para mejorar el suministro a las comunidades.
 
Culminar el proyecto de gas por tubería iniciado en 2005 en las comunidades San José, El Malecón y alrededores del Hospital Central Antonio María Pineda.
 
Investigar las gestiones de las gerencias de las plantas Jacinto Lara y juan Guillermo Iribarren.
 
Transportar el gas utilizando el ferrocarril para acortar los tiempos de los viajes.
 
Incorporar camiones cisterna de gas para la distribución directa en las comunidades, tal como ocurre en otros estados.
 
2.2.  Agua:
La empresa Hidrolara C.A. no está garantizando el derecho al agua a la población barquisimetana y larense en general.  A la falta de agua suficiente y permanente que afecta a numerosas comunidades populares se suma la proliferación de filtraciones de aguas servidas, producto del colapso de cloacas. en los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad lo cual está generando serios problemas de salud.
 
Para completar, la hidrológica pretende imponer una nueva e ilegal alza de la tarifa sin la debida consulta popular y sin presentar la correspondiente estructura de costos, ofreciendo la opción de cancelar a través de los CLAP.
 
Ante este panorama exigimos:
 
Energizar las estaciones de rebombeo de agua mediante plantas eléctricas, para evitar que las comunidades pierdan su turno de suministro debido a la carencia de energía eléctrica derivada del plan de administración de cargas aplicado por CORPOELEC o liberar del racionamiento a los circuitos correspondientes a dichas instalaciones.
 
Eliminar las tomas de uso agrícola que absorben centenares de litros de agua potable por segundo en el trayecto Quibor-Barquisimeto.  Mientras tanto muchas comunidades no tienen agua o la reciben de manera insuficiente.
 
Reformular el cronograma de distribución de agua en Barquisimeto a fin de garantizar la EQUIDAD, considerando los sectores residencial, comercial e industrial.  No puede ser que mientras los centros comerciales, los centros turísticos-recreacionales, los auto-lavados, las zonas industriales y los sectores residenciales de clase media y alta del centro y este de la ciudad disponen de agua permanentemente, numerosas comunidades populares carecen del servicio. Indudablemente esto también  representa la segregación y discriminación social-territorial en la prestación del servicio. Hay comunidades que tienen agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana; mientras otras no cuentan con el vital líquido.
 
La idea no es desmejorar a quienes tienen buen servicio sino IGUALAR el suministro para que todos los sectores dispongan de 250 litros de agua por persona al día, lo cual en una familia promedio de 4 personas equivaldría a 5 PIPAS  DE AGUA AL DIA POR FAMILIA, según el Plan de la Patria. Cabe denunciar que en el caso específico del tanque del barrio La Paz permanentemente se produce el desperdicio de miles de litros de agua durante 8 horas al día debido a que Hidrolara no envía al maniobrero a abrir las válvulas mientras muchas comunidades no tienen el servicio.
 
Publicar  los cronogramas de suministro de cada sistema y estación de rebombeo, garantizar su estricto cumplimiento asegurando el transporte de los maniobreros y aplicar las medidas de seguridad pertinentes para neutralizar el sabotaje de los equipos e instalaciones de rebombeo y de las maniobras. Algunos presuntos maniobreros  cobran dinero  para ejecutar las maniobras hacia las comunidades que pagan, violentándole el turno a las que no lo hacen.  También se debe garantizar el transporte a los ingenieros que van a realizar las inspecciones y las cuadrillas que van a realizar las obras en las comunidades.
 
Eliminar la venta del agua a precio especulativo  por parte de los camioneros cisternas privados que se lucran utilizando los llenaderos públicos, clausurar los llenaderos ilegales y crear una flota comunal de camiones cisternas. Además se requiere recuperar los camiones cisternas entregados a las comunas que se han sido privatizados o se encuentran paralizados por falta de cauchos, baterías o motores dañados.  El agua es un DERECHO HUMANO, no una MERCANCÍA.
 
Desinfectar cada 3 meses todas las flotas de camiones cisternas públicos y privados que transportan y distribuyen el agua potable a las comunidades y a los centros  asistenciales (hospitales, ambulatorios, consultorios, unidades de diálisis) con el concurso de la Dirección de Salud Ambiental, tal como establece la norma respectiva.  Esto con la finalidad de enfrentar la proliferación de la hepatitis A y B, cuya larva prospera debido a que los referidos camiones no son esterilizados con la frecuencia debida.
Exigir a la Gobernadora Carmen Meléndez que solicite de inmediato un crédito adicional ante el Consejo Legislativo para que la Dirección de Salud Ambiental adquiera los insumos requeridos para realizar las fumigaciones correspondientes contra el dengue, la leptopirosis y la leishmaniasis cutánea para suprimir los brotes de estas enfermedades que se están presentando en nuestras comunidades.
 
Crear una unidad pública de producción, mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos  con el apoyo de universidades, institutos de investigación, INCES y escuelas técnicas, para romper la dependencia con respecto a las contratistas privadas.
 
Crear unidades socioproductivas de propiedad directa comunal con base en la Mesas Técnicas de Agua para la reparación de las filtraciones de agua potable y de agua servida, con asesoría técnica y suministro de equipos, insumos y dotaciones por parte de la hidrológica. De esta forma se superará la dependencia de las operadoras privadas.
 
 Eliminar los centros privados de recarga de agua que han proliferado en la ciudad gracias a la ineficiencia de Hidrolara.
 Reforestar las cuencas hidrográficas para garantizar la preservación de las fuentes de agua.
 
 Investigar la situación del Sistema Hidraúlico Yacambú-Quíbor.
 
Sustituir las tomas necesarias, mal llamadas tomas clandestinas, que han realizado las propias comunidades ante la ineficiencia de Hidrolara una vez que se garantice el suministro por la red convencional.
 
      Este Plan de Acción tiene la intención de darle respuesta a los diferentes aspectos de la problemática que presenta el servicio de agua potable y saneamiento  en Barquisimeto y el resto del estado Lara, debido a que la empresa hidrológica HIDROLARA C.A. no aporta soluciones.
 
Para poder avanzar en la ejecución del referido Plan de Acción reclamamos las siguientes medidas:
 
1. Ordenar  mediante decreto, a la C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN), en ejercicio de sus funciones de regulación y control de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, que proceda a la apertura del correspondiente PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR a la empresa hidrológica HIDROLARA C.A., a los fines de determinar  las circunstancias en que han ocurrido las siguientes INFRACCIONES a la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAPS) y sus responsables:
 
1.1  El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la referida Ley, especialmente en los literales c, d, e, f, g, j, k, l, p, r, v y w del articulo 65.
 
1.2  La interrupción recurrente del servicio de agua potable.
 
1.3  La prestación del mismo sin la calidad y eficiencia debidas.
 
Todo esto sustentado en el artículo 113 de la LOPSAPS.
 
2.  Solicitar a la C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN), de conformidad con lo previsto en la LOPSAPS, que ejerza las medidas necesarias establecidas en dicha Ley Orgánica, para la inmediata restitución del servicio de agua potable, en condiciones estables y de manera eficiente, a los fines de evitar perjuicios para la salud pública o que se ponga en peligro la sustentabilidad de la prestación del  mismo en el estado Lara, comenzando por acordar la OCUPACIÓN TEMPORAL E INTERVENCIÓN de la empresa hidrológica HIDROLARA C.A., la cual se efectuará conforme los lineamientos y términos establecidos en la referida Ley Orgánica, Artículo 114, literal c, sobre las SANCIONES.
 
3.  Instalar los Consejos Comunales del Agua en los diferentes Sistemas y Estaciones de Rebombeo del  estado Lara (Gravedad, La Paz, El Tostao, Pavia, El Coriano, Villa Rosa, Titicare, etc.) con la participación protagónica de los Comités de Gestión de Agua Comunales, como instancias de agregación de las Mesas Técnicas de Agua de las comunidades integradas en comunas, personal técnico de la hidrológica, vocero de la Secretaría de Seguridad de la Gobernación y vocero del Comando para Defensa de los Servicios Básicos Estratégicos del Estado.  Además. transferir las estaciones de rebombeo a empresas de propiedad social indirecta con base en las Mesas Técnicas de Agua de las comunas, garantizando las reparaciones, los recursos y la asistencia técnica requerida para su normal funcionamiento.
 
4.  Crear un nueva hidrológica ecosocialista, campesina-obrera-comunal bajo la figura de UNIDAD SOCIOPRODUCTIVA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA COMUNAL, según el artículo 10, numeral 2, de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Esta Unidad Socioproductiva organizará su gestión con base en los Consejos Comunales del Agua presentados en la propuesta número 3.  De esta manera se superará el modelo de gestión mercantilista-privatizador heredado del puntofijismo cuarto-republicano, quien lo implantó a principio de los 90 siguiendo los mandatos del capitalismo financiero transnacional.
 
2.3  Abastecimiento de alimentos:
 
La Gobernación del Estado Lara entregó en concesión a un grupo empresarial privado la red de abastos Mercal y Pdval creada por el Comandante Chávez en la cual se vende alimentos a precios fuera del alcance del bolsillo popular.  Los anaqueles están repletos para la gente no tiene ingresos suficientes para comprar.  Por otra parte en el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), adscrito a la Alcaldía de Iribarren, es público y notorio que en las narices del personal militar y civil se realiza el cobro adicional, por encima de lo registrado en las facturas, a los clientes de dicho centro comercial.
 
Dadas estas circunstancias exigimos:
 
1.  Eliminar la concesión de la red Mercal-Pdval al sector privado y entregarla a una nueva empresa de propiedad social indirecta comunal conformada por el Ministerio de Alimentación, las comunas, los CLAP, las trabajadoras y los trabajadores.
 
2.  Controlar la liberación de precios a favor del empresariado especulador no decretada pero si permitida por omisión del gobierno nacional.
 
3.  Intervenir Mercabar, crear un Consejo de Gestión integrado por el Ministerio de Alimentación, las comunas, los CLAP, las trabajadoras y los trabajadores e investigar el desempeño de las juntas directivas desde su fundación.
 
4.  Eliminar Mercabar C.A. y crear una  empresa de propiedad social indirecta comunal conformada por el Ministerio de Alimentación, las comunas, los CLAP, las trabajadoras y los trabajadores.
 
5.  Respaldar la denuncia de presuntos actos de corrupción en la actual gestión de Mercabar realizada ante la Fiscalía por el Sindicato de dicha empresa.
 
2.4  Transporte:
 
En Barquisimeto el golpista Sindicato Automotor fija arbitrariamente la tarifa del pasaje violando la ordenanza correspondiente y eliminando el beneficio a las personas adultas mayores, ante la complicidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT).  Por otra parte, Transbarca mantiene numerosas unidades paralizadas mientras las paradas están repletas de pasajeros y pasajeras, además de no brindar cobertura a la mayoría de sectores populares.  Esto igualmente  representa la segregación y discriminación social-territorial en la prestación del servicio.
 
Considerando estos elementos exigimos:
 
Intervenir  la AMTT e instalación de un Consejo de Gestión integrado por el Ministerio de Transporte, las comunas, las trabajadoras y los trabajadores.  La AMTT fracasó en el cumplimiento de sus atribuciones.
 
Aplicar las tarifas establecidas en la Gaceta Municipal y las resoluciones del Ministerio del Transporte.
 
Intervenir Transbarca C.A. e instalar un Consejo de Gestión integrado por el Ministerio de Transporte, las comunas, las trabajadoras y los trabajadores e investigar el desempeño de las juntas directivas desde su fundación.
 
Eliminar Transbarca C.A. y crear un verdadero sistema de transporte público con base en una  empresa de propiedad social indirecta comunal conformada por el Ministerio de Transporte, las comunas, las trabajadoras y los trabajadores.
 
Crear un verdadero servicio de transporte público que sustituya a las mafias del Sindicato Automotor que privatizaron dicho servicio y mantienen el control del mismo.
 
Culminar la investigación sobre el caso del nuevo Terminal de Pasajeros de Barquisimeto y castigar a los responsables del fracaso de este proyecto.
 
Construir la ciclovías para promover la opción del transporte en bicicleta.
 
Estudiar las opciones del metro y del metro-cable.
 
Regularizar el suministro de gasolina e investigar el presunto cobro en dólares en las estaciones de servicio.
2.5  Electricidad:
 
La comunidad carece de información sobre el avance en el restablecimiento del sistema eléctrico nacional mientas los apagones se suceden a diario con severas consecuencias para la vida cotidiana del pueblo, especialmente el suministro de agua.  Además el cronograma de administración de cargas nunca se ha cumplido.  Por otra parte en el racionamiento se evidencia  la segregación y discriminación social-territorial en la prestación del servicio privilegiando a los sectores comercial, industrial y residencial en desmedro de los sectores populares.
 
Vistos estos aspectos exigimos:
 
Publicar informe sobre el avance en el restablecimiento del sistema eléctrico nacional.
 
Cumplir el cronograma de administración de carga, excluyendo a los circuitos correspondientes a las estaciones de rebombeo de agua, e incorporar a las comunas en el diseño del mismo.
 
Obligar a los centros comerciales e industriales a instalar plantas eléctricas.
 
Investigar la paralización de la planta termo-eléctrica Argimiro Gabaldón de Cabudare y castigar  a los responsables de la misma.  Así mismo reactivar dicha planta.
 
Implementar proyectos de energías alternas (solar, eólica, biomasa).
 
Ejecutar plan de instalación de transformadores, postes, luminarias quemadas y fotoceldas dañadas.
 
Realizar campañas para el ahorro energético y reactivar proyecto para la instalación de bombillos ahorradores.
 
Instalar un Consejo de Gestión en Corpoelec integrado por el Ministerio de Electricidad, las comunas, las trabajadoras y los trabajadores.
 
3.  La gestión del Ministerio de las Comunas
 
Denunciamos que las  direcciones del Ministerio de las Comunas y de Fundacomunal en el estado Lara se han dado a la tarea de negar el registro de los consejos comunales y las comunas que no aceptan su control y tutelaje.  Están promoviendo el registro de concejos comunales surgidos de designaciones a dedo por parte de pequeños grupos de poder, violentando el mandato legal de elecciones
 
4.  La vivienda
 
Exigimos la realización de una auditoría pública y popular al Ministerio de la Vivienda para investigar presuntas irregularidades en la asignación de viviendas en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela destacando el cobro en dólares. Así mismo la preservación de los terrenos declaradas AVIVIR ante las serias amenazas de privatización.
 
En la segunda versión ampliada de este documento profundizaremos sobre los servicios abordados e incluiremos el aseo urbano, los bancos y las telecomunicaciones.   
COMUNAS A LA CONSTITUCIÓN O NADA.            
     NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
FUERA LOS FUNCIONARIOS QUE DESCONOCEN LA SOBERANÍA POPULAR.
SOCIALISMO SÍ, CAPITALISMO NO.               
        NO AL REFORMISMO Y AL NEO-LIBERALISMO.
SÍ A CHÁVEZ, NO A LA INDOLENCIA, A LA BUROCRACIA Y A LA CORRUPCIÓN.

Voz del Militante

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